El gobierno peruano ha dado un paso histórico con la Ley 32396, una normativa que transforma el voluntariado en protección animal en una herramienta de progreso social. Por primera vez, rescatar animales tiene un valor tangible en el sistema de vivienda del país.
Las personas que realicen voluntariado certificado en favor de los animales podrán obtener puntuación adicional al postular a los programas estatales de vivienda. Esto les da una ventaja competitiva frente a otros postulantes para acceder a bonos y subsidios habitacionales.
Para que el esfuerzo sea reconocido oficialmente, la ley establece parámetros claros: Se deben acreditar al menos 180 jornadas de voluntariado realizadas en un periodo de dos años, las actividades deben realizarse en organizaciones, albergues o asociaciones formalmente reconocidas y registradas ante las autoridades competentes, llevar un registro riguroso de las jornadas para que el Ministerio de Vivienda pueda validar el puntaje.
Es una medida revolucionaria porque ayuda a personas solidarias (que muchas veces tienen recursos limitados) a tener un hogar seguro, incentiva a más ciudadanos a sumarse como voluntarios, lo que reduce la carga de trabajo en los refugios que suelen estar desbordados, obliga a las organizaciones rescatistas a formalizarse para poder certificar a sus voluntarios, lo que mejora la gestión del bienestar animal a nivel nacional y posiciona la protección animal no como un «pasatiempo», sino como un servicio civil de alto impacto social.
Esta ley busca que el tiempo invertido en salvar vidas (como perros y gatos abandonados) sea visto por el Estado como una contribución al bien común, igual de valiosa que otros tipos de servicios comunitarios y posiciona a Perú como pionero en el reconocimiento del trabajo animalista como un compromiso social digno de ser recompensado con beneficios habitacionales.
Fuente: Infoabe
