Hace unos cuantos meses, la Fundación se ocupó en esta página de la piratería internacional llevada a cabo por empresas pesqueras transnacionales encabezadas por China, violadoras de las soberanías de las naciones del pacífico latinoamericano, del principio de mar continental y territorial de las naciones y de las convenciones internacionales sobre pesca marina, actividades que ponen en riesgo la vida marina, la biodiversidad del océano y la vida socio-económica de los pueblos costeros.
Nada dijo el gobierno entonces ni se lograron acciones remediales.
Las normas internacionales sobre navegación y pesca distinguen muy bien en la teoría, entre la pesca industrial y la pesca artesanal, los espacios marinos para una y otra, así como los límites reglamentados: prohibición de pesca industrial en plataformas continentales, sus técnicas y métodos y, reserva exclusiva protegida para la pesca artesanal.
Los métodos utilizados por estos nuevos piratas incluyen formas bárbaras de pesca y sofisticadas tecnologías que burlan los compromisos internacionales, las soberanías violadas y la supervivencia de otras especies diferentes a la pesca de atún; en las trampas y redes caen y perecen especies tales como tiburones, tortugas, rayas y delfines; estos últimos, especie en peligro, navegan en semi superficie para poder respirar, en tanto con ellos se desplazan enormes cardúmenes de atún, objeto del saqueo de los invasores humanos. El daño ecológico es fatal y el económico arruina a miles de familias costeras que superviven con la pesca artesanal. Al daño se agrega el robo a las economías nacionales cuyos controles son burlados en la faena.
Trámites y papeles, vigilancias y autorizaciones nacionales hacen parte de una burla concertada que incluye la participación de funcionarios y empresas de fachada como Mar Atun SAS, “empresa colombiana que cobija el permiso de la embarcación Taurus I” según información del diario El Espectador (domingo 11 de septiembre de 2022, páginas 20 y 26), que le hace el juego a la depredación, invasión y contrabando a empresas navieras internacionales.
El Estado colombiano en estos temas no existe como ocurre en otras latitudes de la nación.
Fuente: Fundación Amigos del Planeta.
