Como en las farsas antiguas, los personajes (gobierno y congreso gobiernista), se reparten los papeles para quedar bien con todos: si yo digo sí, ustedes dicen no. Tal ocurre con el trajinado pacto de Escazú, compromiso adquirido internacionalmente para cuidar el medio ambiente, los derechos humanos y la vida de los ambientalistas; mientras el gobierno firma y afirma en foros internacionales estar de acuerdo con la convención internacional , se manda la razón al legislativo para engavetar su trámite.
Contra toda evidencia, el gobierno y Ecopetrol, dicen seguir fielmente las decisiones y requisitos exigidos por el Consejo de Estado para aprobar el ejercicio piloto del fracking, le hacen trampa. El gobierno antepone razones económicas para justificarlo en detrimento de la seguridad geológica, sísmica, ambiental, de la fauna, la flora, los acuíferos, los cultivos y los ciudadanos.
Es una práctica polémica en cuanto que la técnica puede aumentar la sismicidad de la zona, perturbar gravemente los acuíferos por el uso de materiales radioactivos, lo que para los expertos y técnicos supone “una devastación ambiental”. Alemania, Francia, Uruguay, prohíben esta práctica.
El proyecto llamado Kalé, abarca 6 hectáreas en el Magdalena Medio en inmediaciones de Puerto Wilches con el uso (y el abuso) que inicialmente dispondrá de 638.000 galones de agua. Testigos trabajadores, habitantes de la región y técnicos, rechazan la idea y mientras el gobierno (la ANLA) y Ecopetrol, partes interesadas, la ciudadanía reclama por y contra el montaje de falsas consultas también exigidas con la constitución, la ley y la jurisprudencia. Por su parte el temor asiste a las comunidades que además han recibido amenazas de muerte, coronas fúnebres y desplazamientos, consideradas como “herencia del paramilitarismo”.
Tampoco escapa el doble discurso en temas de bosques y reforestación: mientras el gobierno intensifica militarmente la lucha contra el narcotráfico, según dice, impone como vía de reforestación el plan de guerra denominado “Artemisa”, diseñado contra la subversión. Y bien se sabe que hay otros muchos actores de la depredación amazónica que obran ante los ojos ciegos del gobierno; en orden de prioridades, los sembrados de coca presuntamente en manos exclusivas de las disidencias ocupan el cuarto o quinto lugar frente a los “grandes motores de la deforestación que en su orden son: “la praderización para el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la infraestructura de trasporte no planificada, cultivos de uso ilícito, la extracción ilícita de minerales, la extracción ilegal de madera y la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas. Esto es, todo lo que el gobierno no ve y que tapa con Artemisa, un plan de guerra a pesar de que el mismo ejército sostiene que “Artemisa no va poder frenar la deforestación por sí sola.”
Fuente: Fundación Amigos del Planeta.
