Recordamos a los visitantes de la página de la Fundación Amigos del Planeta, la forma insistente como hemos denunciado, descrito y alertado sobre los males causados por ese experimento –la explotación con fracking-, prohibido en buena parte del mundo, sobre todo en países desarrollados.
Haciendo eco a la academia y a la sociedad, hemos reclamado “juego limpio” en los pasos exigidos legal y jurisprudencialmente en el debatido proceso de aplicación del fracking en las explotaciones petroleras. De la socialización de los proyectos con la ciudadanía que la han convertido en un bazar burocrático para llenar el formalismo; de la vigilancia al proceso piloto, se han creado “centros de transparencia” cuya legitimidad está puesta en duda y cuya idoneidad se pierde en cuanto se sabe que han creado para ello un juego del “yo con yo”, al crear una falsa fiscalización y vigilancia entre Ecopetrol (empresa del gobierno interesada) y el Ministerio de Minas, cuando “el centro de vigilancia debe ser el canal de comunicación con la ciudadanía y donde estará centralizada toda información sobre los pilotos” (María Mónica Monsalve en El Espectador, 21 de marzo de 2021, pág. 12), toda vez que “se supone que estos pilotos son para generar datos imparciales, independientes y científicos, pero el sistema institucional que se ha ido creando para ello, no parece indicarlo. Y grave más aún pues…”este convenio va más allá de la legitimidad, ya que estaría omitiendo dos recomendaciones de la Comisión de expertos: la licencia social y la transparencia en la rendición de cuentas. Ambos temas se enmarcan en dos derechos humanos”.
Agreguemos el desconocimiento del principio de precaución y el reciente y macabro antecedente de Puerto Wilches, donde se han amenazado a los contradictores cívicos del proyecto.
Fuente: Fundación Amigos del Planeta.
