El Ministro de Defensa anunció el uso de la aspersión del veneno a partir de marzo o abril del presente año. Tal actitud irrumpe por sobre otras instancias y funciones como son el Ministerio del Medio Ambiente, el de la Salud Pública e ignorando compromisos internacionales de Colombia sobre esta materia, tanto como decisiones jurisdiccionales y de la Corte Constitucional que señaló derroteros y requisitos para su uso en Colombia.

Hoy se conoce el pronunciamiento de 7 veedores de las Naciones Unidas que reclaman al país el cumplimiento de los procesos debidos para autorizar la aspersión aérea en el territorio nacional; su autorizado pronunciamiento recoge voces especializadas reconocidas afuera y dentro del Estado colombiano que han solicitado lo mismo y que el Gobierno claramente desoye:

El Ministro de Defensa en su rampante notificación no cuenta ni con la licencia ambiental ni de salud que deben emanar de su mismo gobierno, para cumplir con lo ordenado por la Corte; tampoco ha organizado las consultas previas ni la voz de las regiones donde quiere aspersar, ni los riesgos concretos de tales sitios; no hay evaluación de riesgos ni licencia de la ANLA ni se atienden los requerimientos de la OMS, ni la voz de la comunidad y ni siquiera la existencia del decreto; el Ministro de Defensa quiere fumigar sin permiso, sin contar con los ministerios e instituciones que velan por la salud y el medio ambiente, ni escuchar a los presuntos afectados, ni atender las indicaciones de la ONU o los compromisos internacionales. Sólo lee “la certificación” (¿orden?) de los Estados Unidos y pretende actuar en consecuencia desconociendo el orden institucional interno.

Fuentes: https://www.elherlado.co/colombia/certificacion y RCN Radio.

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