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Los compromisos internacionales de Colombia, para el actual gobierno, pareciera que no van más allá de la retórica bien conocida del gobernante en asuntos internos básicos como el empleo, la paz, los derechos fundamentales del ciudadano, la justicia, la pobreza, la pandemia…: para cada asunto no existen sino palabras, promesas, adjetivos. Y no se diga sobre temas relacionados con el medio ambiente, la ecología, la protección de páramos, las explotaciones mineras, el uso del Fracking, del glifosato, las ganaderías extensivas sobre las fronteras agrícolas, los ríos o los mares.

Se supo con escándalo en su momento que el presidente se abstuvo de suscribir el acuerdo de Escazú en reserva de postulados que se refieren a los derechos humanos de los ambientalistas; pero fue el mismo presidente quien presentó al Congreso el proyecto de tratado para su aprobación, como consecuencia de la “Gran Conversación Nacional” con que culminara el paro del año pasado. De buena o de mala gana, la bancada gubernamental rechaza con razones desarrollistas el acuerdo en tanto, lo apoya la oposición; el tratado apunta no solo a entender el sentido de precaución, no como un obstáculo al desarrollo económico, sino como un principio esencial por demás ya consagrado en nuestra normatividad. Es además, oportunidad de aplicar a fin de entender que el ser humano,- nuestros pueblos raizales-, no son gratuitos usufructuarios de la selva, sino sus guardianes y que sus vidas hoy extinguidas por una campaña que parece sistemática, deben ser objeto, como lo indica el profesor Uprimmy, del cuidado del Congreso.

Fuente: Fundación Amigos del Planeta.

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