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Este gobierno insiste en la aspersión de glifosato en su fracasada lucha contra el narcotráfico. En efecto la información (el Tiempo 11 de abril de 22021 pág.1.7), dice que “El gobierno nacional espera tener listo esta semana el decreto que regula la fumigación de cultivos ilícitos en el país (…) y el decreto del Ministerio de Justicia que estableció que las tutelas contra decisiones del presidente, y otras políticas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, solo pueden ser conocidas por el Consejo de Estado y no por el Tribunal del lugar….”

Sea lo primero decir que el decreto ministerial pasa por encima de un orden constitucional que estableció una jurisdicción constitucional a diferentes órganos de esa rama del poder público; y mal podría el ejecutivo mediante un decreto borrar de un plumazo esa disposición constitucional que tiene por objeto el acceso posible y democrático de individuos o particulares a un derecho orientado a la garantía de derechos fundamentales.

El argumento demagógico explica que se deben descongestionar los juzgados y tribunales de la carga que representa la multitud de tutelas cuya cantidad obedece a la lentitud (impunidad) que significa la justicia ordinaria. Pero, basta con preguntar si un solo órgano central, El Consejo de Estado es suficiente para la descongestión que se busca.

De otra parte, el decreto trata de blindar al presidente de sus propias responsabilidades ante transgresiones que cada vez son mayores con perjuicio de los gobernados y de las instituciones mismas.

En el tema de las aspersiones, blinda al presidente frente a los trámites sociales y administrativos que decisiones previas le exigen para poner en marcha las fumigaciones; a las autocracias confluyen tanto del decreto del ministro como el anunciado que autoriza la aspersión sin la debida licencia.

Fuente: Fundación Amigos del Planeta.

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