Hasta ahora, los animales —domésticos, silvestres o de producción— habían quedado por fuera de los protocolos de respuesta establecidos en la Ley 1523 de 2012. Esta exclusión se traducía en la invisibilidad de miles de víctimas no humanas que sufrían heridas o perdían la vida en eventos como sismos, deslizamientos o incendios forestales, afectando no solo a la fauna, también a las familias, comunidades rurales y ecosistemas enteros.
Esta nueva ley reconoce a los animales como parte integral de la respuesta oficial ante desastres naturales, asegurando que sean rescatados y atendidos durante emergencias. Con su aprobación se integra a los animales en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, una política que incluye recursos globales además de entrenamientos para voluntarios enfocados en cuidar animales en época de crisis.
La implementación de esta política exigirá cambios concretos y coordinados en la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tendrá tres meses, una vez la ley entre en vigencia, para ajustar este instrumento, definir protocolos específicos y garantizar de forma efectiva la protección animal.
La ley ordena el desarrollo de campañas educativas y de capacitación dirigidas a entidades de socorro, autoridades locales, voluntarios y a la ciudadanía en general. “Estas campañas tendrán como objetivo fortalecer las habilidades y conocimientos en procedimientos de rescate y evacuación de animales en situaciones de desastre, proporcionando formación en primeros auxilios básicos para animales, técnicas de manejo seguro en refugios temporales y educación sobre los aspectos vinculados al bienestar animal”.
Esta legislación no solo representa un avance en la protección de la vida no humana, también fortalece el vínculo entre bienestar animal, responsabilidad ciudadana y desarrollo sostenible, colocando a Colombia a la vanguardia en la región en cuanto a políticas de gestión del riesgo inclusivas y compasivas.
Los animales que sean víctimas de desastres naturales serán rescatados y atendidos con la misma o mayor prioridad que los humanos, según la ley.
