Lunes 19 de Julio de 2010 07:51

En menos de un año, la Corte analiza por segunda vez una demanda que busca proteger a los animales. Dos de los magistrados, debido a sus convicciones, se declararon impedidos en la díscusión de declarar o no las corridas de toros y las peleas de gallos como "tratos crueles" a los animales. Por eso, la discusión, que se abordó el pasado miércoles en Sala Plena, debió ser pospuesta para la próxima semana, y se optó por nombrar dos conjueces para que actúen por los dos impedidos. En menos de un año, la Corte Constitucional vuelve a discutir una demanda que busca tumbar la norma que excluye listado de tratos crueles a los animales (Ley 84 de 1989)

El coleo, las corralejas, las corridas de toros, las becerradas y las peleas de gallos del listado de tratos crueles a los animales .

Los demandantes alegan que, jurídicamente, la norma vulnera el derecho a un ambiente social y cultural sano, atenta contra la paz y la convivencia, viola el libre desarrollo de la personalidad de quienes no están de acuerdo con los espectáculos crueles con animales.

En el tema terció, hace unos meses, el procurador Alejandro Ordóñez, que en un concepto revelado por EL TIEMPO calificó las corridas de toros y los otros espectáculos como "expresiones culturales y artísticas que nos identifican como colombianos (...) lo que hace tolerable el sufrimiento a que son sometidos".

En octubre del año pasado, la Corte revisó una demanda similar, pero en esa ocasión se declaró inhibida para decidir sobre ella al considerar que el recurso estaba mal elaborado, no era claro ni concreto. En esa ocasión, el tema dividió a los magistrados: cuatro de ellos, María Victoria Calle, Mauricio González, Jorge Iván Palacio y Nilson Pinilla, salvaron voto porque consideraron que la demanda sí reunía los requisitos para ser discutida. Sin embargo, tres de ellos no expresaron su posición sobre la constitucionalidad de la norma.

Pero el magistrado Palacio fue más allá y señaló por escrito, en su salvamento, que los espectáculos de animales de ese tipo se convertían en una violación a esta especie.

Expresó que es un deber del Estado brindar no solo protección a los seres humanos, sino al medio ambiente y a la fauna que los rodea.

Dentro del proceso de la demanda han participado varios representantes de organizaciones de toreros, entre otros, quienes aseguran que esos espectáculos general en el país más de 2 mil empleos directos. Por su parte, los defensores de animales apoyan la demanda y le insisten a la Corte que declare esos actos inconstitucionales

REDACCIÓN JUSTICIA